Lleva nueve meses como presidente de Ecuador y ni un día de sosiego. El último asalto en el Gobierno de Lenín Moreno llega a través de una grabación comprometedora que la semana pasada llevó a la destitución del presidente de la Asamblea Nacional y dejó al fiscal general con una herida profunda de credibilidad. Es un golpe contundente a la institucionalidad del país que ya arrastraba crisis de partido, depuraciones de aliados, denuncias de conspiración y graves problemas económicos desde las elecciones de mayo de 2017. La primera oportunidad de enderezar el rumbo llega este miércoles con la designación de un nuevo presidente del Parlamento.

La fragmentación en la Asamblea pasa factura ahora que toca nombrar a un nuevo presidente sin que ningún bloque tenga mayoría suficiente. A la división en Alianza PAIS -entre los seguidores del líder histórico Rafael Correa y su sucesor-, se añaden las exigencias de los bloques opositores antes de brindar su apoyo en la votación de este miércoles. Quieren que la renovación vaya acompañada de una nueva agenda y de la formación de las comisiones parlamentarias.

La corrupción apunta hacia Correa

El expresidente de Ecuador Rafael Correa tendrá rendir versión ante la Fiscalía este miércoles dentro de una investigación sobre irregularidades en la concesión de un campo petrolero en 2012. El caso Singue, llamado igual que pozo petrolero situado en la Amazonía, es el primer asunto que vincula ya en papel, según un informe de la Contraloría General (Tribunal del Cuentas), al exmandatario. Correa declarará por videoconferencia desde el Consulado ecuatoriano en Bélgica, lugar de origen de su esposa en el que reside desde julio. A través de redes sociales ha afirmado que no “había escuchado hablar “del caso ni de la empresa hasta hace unos meses. Sin embargo, el contralor Guillermo Celi presentó una carta dirigida a Correa, cuando aún era presidente, donde la empresa Dygoil le comentaba contratiempos de la negociación. Según los primeros indicios, el ‘caso Singue’ generó un perjuicio al Estado de 5,2 millones de dólares tras haber elevado el precio que Ecuador había acordado pagar por barril a la empresa petrolera encargada de la extracción. En la negociación también intervino el exvicepresidente Jorge Glas, mano derecha de Correa ahora condenado a seis años de prisión por el caso Odebrecht.

Esta bifurcación entre el continuismo y la transformación en la Asamblea es resultado del polémico cruce de acusaciones entre su ahora expresidente, José Serrano, y el fiscal general, Carlos Baca Mancheno. Un audio comprometedor, revelado por el propio fiscal, les llevó el viernes pasado a comparecer ante el Pleno y ninguno salió indemne. Serrano fue destituido y Baca enfrentará un juicio político que puede acabar con su designación. En la grabación se escucha a la autoridad legislativa conversar, con palabras de cariño y complicidad, con un prófugo de la justicia: el excontralor Carlos Pólit, implicado en el caso Odebrecht. Hablaban de deshacerse del fiscal general. 

Pólit era la autoridad de control cuando gobernaba Rafael Correa en Ecuador y tenía la misión de detectar y denunciar irregularidades en la contratación pública. Pero, según el testimonio de los responsables de Odebrecht, hacía la vista gorda a cambio de comisiones. Ahora su voz implica al presidente de la Asamblea en una conspiración por la lucha de poderes. Tras saludar por teléfono a su “compadre lindo” y su “hermano”, el excontralor le escucha decir a Serrano que el fiscal general “es un miserable”, “que no está dispuesto a cumplir con ningún acuerdo” y que tienen que “bajarle” -del cargo, se entiende- para que deje de ser fiscal antes de “finales de este año”.

Fue Baca Mancheno quien reprodujo días atrás el audio -grabado desde el lado telefónico de Pólit dada la nitidez de su voz- ante los medios de comunicación para denunciar una conspiración en su contra y señalar a los responsables si llegara a pasarle algo. Lo que no tenía previsto es que la revelación fuese a salpicarle tanto como al presidente de la Asamblea. El fiscal quedó señalado por el origen del audio que, según su declaración, estaba en una red social. Pero nadie más encontró su rastro online.

Por más que comparecieron durante horas, ni Serrano ni el fiscal general consiguieron con su estrategia de ataque recíproco despejar las sospechas. “Ninguna de las dos exposiciones nos convencieron”, cuestionó el asambleísta de oposición Henry Cucalón, antes de solicitar la moción para enjuiciar políticamente al fiscal y destituir al presidente legislativo. La iniciativa cosechó una casi unanimidad, insólita hasta ahora en la Asamblea, en línea con la firmeza que exigía el presidente del país.

Lenín Moreno ya había mandado un recado sin espacio a muchas interpretaciones. “Lamentablemente, debo referirme al vergonzoso episodio de la difusión de una grabación entre algunas personas que compromete a las instituciones democráticas”, arrancó. “Las autoridades estamos llamadas a dar ejemplo. Estamos obligados a actuar con probidad, con transparencia, con oportunidad” y “quienes no estén en condiciones de cumplir ese papel ejemplar, den un paso al costado”, sentenció, cuatro días antes de la sesión que hizo borrón y cuenta nueva en la Asamblea Nacional. Hubo 103 votos a favor, ninguno en contra y solo dos abstenciones.

Tras la destitución de Serrano, que había sido el asambleísta más votado en las elecciones pasadas, se anunciaba un proceso de recomposición amplio. María José Carrión, una de las mujeres cercanas en su día a Correa que ahora se declara fiel al bloque oficialista, ya apuntaba a la necesidad de un gran acuerdo para evitar males mayores en la estabilidad del país. “Yo he planteado un acuerdo legislativo con todas las bancadas, una reestructuración total de toda la Asamblea, para dar una respuesta fuerte a la ciudadanía y evitar una desinstitucionalización del Estado”, declaró a los medios tras la sesión del viernes pasado. “Ha sido grave lo dicho hoy”.