La autoridad electoral mexicana quiere poner freno a la guerra del Gobierno mexicano contra Ricardo Anaya, candidato de Por México al Frente (PAN-PRD-MC). La Comisión de quejas y denuncias ha otorgado este martes medidas cautelares en favor del aspirante presidencial por la difusión de un vídeo de circuito cerrado el 28 de febrero. La publicación de las imágenes corrió a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR). El hecho, considera el Instituto Nacional Electoral (INE), podría haber vulnerado el principio de imparcialidad que deben de guardar las autoridades en los comicios.

El representante del PAN ante la autoridad electoral había solicitado otorgar medidas cautelares por la difusión del video. Los consejeros que conforman la comisión de quejas, Benito Nacif, Claudia Zavala y Adriana Zavala, las otorgaron por unanimidad. Los funcionarios concluyeron que la difusión de dos comunicados y un vídeo dañaban la imagen del candidato opositor. “Estamos ante una conducta que puede distorsionar las condiciones de equidad en perjurio de las reglas de competencia”, agregó la consejera Pamela San Martí, quien apoyó la decisión de sus compañeros sin facultad de voto.

El video en cuestión mostraba a Ricardo Anaya y a un grupo de colaboradores en una de las oficinas de la Fiscalía. El candidato había acudido voluntariamente a exigir a la PGR que explicara con claridad si es investigado en un oscuro caso de lavado de dinero. El proceso ha significado un dolor de cabeza para Anaya, que hasta el momento no ha sido vinculado de forma directa. El PRI, cuyo candidato presidencial está en tercer sitio en los sondeos, ha utilizado esta investigación para poner en duda la probidad de Anaya y desbancarlo del segundo lugar.

Los consejeros del INE concluyeron que la conducta de la Fiscalía “no corresponde a su actuar ordinario”. Los funcionarios creen que la dependencia, encabezada de forma provisional por Arturo Elías Beltrán, podría haber contravenido el artículo 134 de la Constitución mexicana, que obliga a los servidores públicos a aplicar con imparcialidad los recursos públicos bajo su responsabilidad sin influir en la competencia entre los partidos políticos. “Dicha obligación se traduce en el deber de todas las autoridades de evitar acciones encaminadas a intervenir en los procesos electorales”, asegura un comunicado emitido por el INE esta tarde.

La publicación del video, dice el árbitro electoral, podría haber alterado la equidad “al difundir información relativa a una investigación que está desarrollándose”. Sin embargo, las medidas cautelares no “prejuzgan” si la información difundida por la PGR “es o no incompleta, sesgada, engañosa, confusa o maliciosa” como asegura el equipo de Anaya.

El INE, no obstante, también declaró improcedente el proyecto que amonestaba al secretario de Gobernación (Interior), Alfonso Navarrete Prida. EL PAN señalaba que el ministro es responsable de la difusión del video y que esta se hacía con fines políticos. La autoridad electoral prefirió mantenerse a raya del pleito político que enfrenta a los integrantes del Frente con el Gobierno mexicano. “El secretario de Gobernación… no tiene ninguna responsabilidad en la difusión de la información y video antes precisados”, señala el comunicado del INE.